Nuevos montajes policiales producto de presiones políticas y empresariales
La aprehensión y pronta liberación de José Queipul se suma a la detención en el fundo Santa Filomena, de Daniel Alvial Levicura, miembro de la comunidad de Temucuicui. Con esto, el gobierno tranquiliza presiones, mientras fiscales y policías trabajan con cautela.
Personal de Carabineros detuvo ayer jueves en la provincia de Malleco a José Álvaro Queipul Quidel (26), de la comunidad Ancapi Ñancucheo, por causas pendientes. Para las policías, él "podría estar vinculado con atentados en la zona de La Araucanía".
Sin embargo, hoy viernes el Juez de Garantía de la comuna de Collipulli le otorgó la libertad, luego de que el tribunal estimara que el peñi había terminado de cumplir la condena reclusión nocturna que le impuso el mismo tribunal como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego el año 2007.
Según el Diario Austral, Queipul figuraba en la lista de "los 10 más buscados por la Policía", en el marco de los hechos registrados en el conflicto mapuche, en la Región de la Araucanía.
El Mercurio además señalaba que estaría involucrado como presunto autor en el incendio de una casa y galpón del predio "Santa Ema", del agricultor Martín Ruff (69), registrado el 20 de agosto del año pasado, en la IX Región.
Esta es la segunda detención de un comunero mapuche, luego de los últimos atentados suscitados en la zona y que tuvieron como punto crítico el ataque al fundo Santa Rosa, de Eduardo Luchsinger.
Primera detención
El miércoles, personal de la Policía de Investigaciones detuvo por amenazas con arma de fuego a Daniel Alvial Levicura, miembro de la comunidad de Temucuicui, durante un allanamiento efectuado a parte de la comunidad reubicada en el fundo Santa Filomena.
Le inculpan su supuesta participación "junto a otros cuatro encapuchados, en un ataque armado que afectó el lunes 25 de agosto al fundo El Cielo, de la forestal Santa Mónica”, en la comuna de Victoria.
Durante el allanamiento habrían encontrado una escopeta, un revolver y ropa de trabajo que para la policía constituyen pruebas de su participación. El peñi fue finalmente formalizado en el Tribunal de Garantía de Victoria.
Alivio del gobierno ante presiones
El subsecretario del interior, Felipe Harboe publicita estas detenciones como la respuesta a las presiones de los latifundistas y gremios empresariales asi como de los amplios sectores facistas de la política chilena: "se da cuenta del avance que están teniendo los operativos policiales destinados a perseguir a aquellas personas que se encuentran prófugas de la justicia, y ojalá sancionarlas prontamente".
Asimismo, el vocero del gobierno chileno, Francisco Vidal dijo aliviado: "es un tapaboca para los que dicen que Investigaciones y Carabineros no hacen su pega", y reiteró que el Ejecutivo tiene plena confianza en el trabajo de las policías.
Clandestinos
El diario, como parte de la estrategia mediática contra la lucha mapuche, menciona a mapuche que se encuentran clandestinos para la justicia chilena:
"Otros 11 mapuches aún evaden la justicia, tanto al interior de sus comunidades como en Argentina. Entre ellos están Mireya Figueroa y Juan Millacheo, imputados por el atentado al fundo Poluco-Pidenco, de Mininco, en 2001.
Tampoco han sido encontrados los ayudistas de la CAM Luis Trancal Quidel y Ernesto Chachallao Painemil, sospechosos de quemar maquinaria agrícola en 2006 en el fundo "Las Praderas" de Mininco, en Cholchol.
Por los reiterados ataques al agricultor René Urban, permanecen prófugos los hermanos Jaime, Omar y Rodrigo Huenchullán, además de Julio Cayhuan y Dionisio Queipul.
En Argentina están Pascual Pichún y Pedro Vivanco, donde ingresaron ilegalmente y pidieron refugio político. Pichún fue condenado a 5 años por quemar un camión forestal en Traiguén, y Vivanco a igual pena por usurpar tierras en Alto Biobío, ambos registrados en 2003".
Jefes de la represión en trabajo cauteloso
Después de los acontecimientos del fin de semana y mientras arrecian las crítica por la ineficiencia policial, las principales autoridades responsables guardan silencio y evitan contradecir al Gobierno. Algunas de ellas, incluso, no están en funciones.
Tal es el caso del fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljúbetic, quien tomó esta semana permiso administrativo hasta el lunes próximo. Su superior, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se encuentra en Singapur junto a funcionarios de informática del Ministerio Público, en una gira tecnológica.
El fiscal subrogante Alberto Ayala, insite en que "los hechos de violencia registrados en las últimas semanas son atribuidos a grupos violentistas que recibirían instrucción o apoyo de ex subversivos". Sus informaciones les llevarían a vincular la resistencia mapuche con "descolgados" del movimiento Lautaro.
Ayala confidenció además, que el 22 de agosto el fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio a Carabineros e Investigaciones en "orden a fortalecer el trabajo de inteligencia en la zona", solicitando algunas "especialidades y elementos materiales que hacen más eficiente el trabajo policial".
A su vez, los dos fiscales con dedicación exclusiva a la persecución del movimiento mapuche, Mario Elgueta y Miguel Velásquez, no están autorizados para referirse a los asuntos generales o para polemizar con las opiniones del Gobierno o la policía respecto a las responsabilidades en la falta de resultados.
Carabineros e Investigaciones también optaron por callar, un día después de que hablara La Moneda.
El propio general director de Carabineros, Eduardo Gordon, fue explícito en repetir el discurso oficial de que se trata de delincuentes y actos delictuales al terminar una visita a la Presidenta Bachelet, en la sede de Gobierno, para -según la versión oficial- invitarla a las ceremonias oficiales de la institución.
Una respuesta similar se señaló en la Policía de Investigaciones, donde se precisó que ya habló el director general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario