La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) manifiesta ante las autoridades y el país, su preocupación por el recrudecimiento de dos fenómenos íntimamente relacionados entre sí: la criminalización de la protesta social y la brutal represión de que esta misma protesta ha sido objeto.
Por Comisión Etica Contra la Tortura
Observamos con particular asombro cómo se instalan en Chile mecanismos que obedecen a la lógica de la "guerra preventiva", la que -real o virtual- divide al mundo en enemigos y amigos. Al parecer, en nuestro país han sido declarados "enemigos" los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de perspectivas de futuro; los estudiantes que se oponen a la mercantilización de la educación; los trabajadores sindicalizados que luchan por condiciones laborales dignas; y los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales.
Lamentamos profundamente la lenta e inexorable desaparición en nuestro país de los indicadores de un sistema democrático: libertad de expresión y de reunión, libertad de asociación, respeto a la integridad física y psíquica, respeto a la vida. Ello se ha hecho patente cuando grupos sociales que se han movilizado exigiendo el respeto a derechos fundamentales, negados por el actual sistema económico, han recibido como respuesta REPRESION desde los aparatos del Estado, en lugar de la formulación de medidas correctivas que anulen la profunda injusticia social que motiva las protestas. De este modo, se suma a la violencia estructural que consagra la violación de derechos y oportunidades, la violencia policial que transgrede la normativa internacional de los derechos humanos.
La Comisión Etica Contra la Tortura constata con asombro e indignación el incremento de casos de aplicación de tortura y malos tratos, llegando a configurarse un estado policial similar al existente durante la dictadura militar. A modo de ejemplo, citaremos sólo algunos graves hechos ocurridos en el último tiempo, todos silenciados por los medios de comunicación que, de ese modo, se hacen cómplices de la política represiva:
1. Los trabajadores del holding Santander Banefe en huelga legal han sido constantemente reprimidos. El 4 de julio recién pasado, el dirigente de la Confederación de Trabajadores Bancarios Marcelo Rojas fue secuestrado por los guardias de la empresa, quienes le propinaron una brutal golpiza, produciéndole un traumatismo encéfalo craneano. La dirigente sindical Andrea Riquelme recibió golpes de parte de Carabineros, perdiendo el conocimiento, por lo que debió ser trasladada a la Posta Central.
2. La estudiante de 14 años, María Música Sepúlveda, que lanzó agua a la Ministra de Educación ha sido públicamente condenada por dicho acto, a tal punto de ser expulsada de su liceo, sin haber tenido posibilidad de alguna instancia de apelación. Sin embargo, no se ha publicitado que ella ha sido detenida y vejada en reiteradas oportunidades por Carabineros de Chile. Se ha silenciado que en su última detención –que es anterior al episodio del lanzamiento de agua- cuando Carabineros llegó a desalojar a los alumnos que tenían ocupado el liceo Darío Salas, Música fue golpeada y arrastrada por el suelo a manos de al menos seis carabineros, quedando con hematomas en la cara y diversas partes del cuerpo.
3. En cuanto al pueblo mapuche, los casos de torturas y maltratos denunciados en el último tiempo van en aumento permanente. El día 1º de julio recién pasado fue detenido el estudiante José Ancalao en la ciudad de Temuco, luego de participar en una marcha pacífica en rechazo a la Ley General de Educación. Junto a un grupo de 17 universitarios, el joven mapuche fue introducido en un bus de Carabineros de Fuerzas Especiales, donde fue obligado a arrodillarse. Ante la negativa de Ancalao de someterse a esta humillación, el personal de Carabineros lo redujo a golpes de pies y puños, dirigiendo sus golpes principalmente a las zonas de cráneo y espalda, mientras se le mantenía sostenido por el cabello y se le insultaba haciendo alusión directa a su origen mapuche.
Es de público conocimiento que la CECT ha documentado, recientemente, 55 casos de prisión política y maltrato a miembros de la etnia mapuche ocurridos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.
Es por todo lo anterior que exigimos de la autoridad un ALTO A LA REPRESIÓN, así como también exigimos investigación de las acciones violentas realizadas por agentes del Estado, las que no sólo han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, sino que, al menos en dos casos durante el año en curso, han tenido resultado de muerte: el 3 de enero Matías Catrileo murió por un impacto de bala de Carabineros en Vilcún y Johnny Cariqueo que perdió la vida luego de ser torturado por Carabineros en Pudahuel el día 1º de abril.
Hacemos un llamamiento a las autoridades políticas, jurídicas y legislativas: es necesario hacer un ALTO a esta situación. La sociedad no puede aceptar la impunidad de hechos que, de acuerdo a la normativa internacional de derechos humanos, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Chile es país suscriptor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, por lo que para la CECT constituye un deber no sólo denunciar estos hechos al interior del país, sino informar al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre la prevalencia de este flagelo.
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