Se trata de los hermanos Norberto y Juan Carlos Parra Leiva y del estudiante de la UFRO de Temuco Jonathan Huillical Mendez, quienes recuperan su libertad después de pasar más de un año encarcelados, sin que se comprobase aún su culpabilidad.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la apelación del fiscal Andres Cruz en contra de la resolución del juez de garantia de Cañete, de otorgar la libertad con firma mensual a los tres comuneros imputados de una serie de delitos enmarcados en el enfrentamiento con la comitiva represiva del fiscal Elgueta en Puerto Choque, Lago LLeu lleu.
Cabe recordar que el lunes pasado, el Juzgado de Garantia de Cañete otorgó luego de un acalorado debate, la libertad con firma mensual a estos tres comuneros, dadas las débiles pruebas con que cuenta la fiscalía en su contra.
Luego de eso, el histerico fiscal Andres Cruz apeló de inmediato a la medida, por lo que la desición sobre el cambio a la medida cautelar quedo en manos de la Corte de Apelaciones de Concepción, la que hoy por tres votos contra uno confirmó la libertad.
Sin embargo, Jonathan Huillical deberá permanecer en la cárcel El Manzano de Concepción por el proceso paralelo que lleva la justicia militar en su contra.
Tambien se alzó temporalmente la medida cautelar que pesaba en contra de Manuel Claudio Tranamil Ñanco y Jose Lepicheo Machacan, quienes sin enbargo seguirán en calidad de investigados.
La preparación de juicio se fijó para el 22 de junio, luego, se fijará fecha para el juicio oral dentro de los 60 días siguientes a esa fecha.
Testigos protegidos
En la audiencia del lunes también se dio a conocer la decisión de la fiscalía de no perseverar en la acusación de dos de los imputados. Se trata de Javier Navarro y Alcides Pilquiman, quienes, según los comuneros del sector, serian los testigos cooperadores con que cuenta el ministerio público en contra de los demás imputados.
En este sentido, la exposición de la fiscalía se basó sólo en la declaración de uno de los testigos protegidos, puesto que las demás puebas como declaraciones de oidas de otros testigos y las "17000 escuchas telefonicas" con que dicen contar, fueron catalogadas como irrelevantes para la investigación.
De hecho, ni siquiera el peligro de fuga argumentado por el fiscal convenció a los jueces de mantener la prisión preventiva.
Una sucia persecución política
La investigación por este caso se cerró tras un año de investigaciones contra 23 mapuche de la zona de Arauco principalmente, en la que los fiscales han realizado las más sucias artimañas gracias a las amplias facultades que les otorga el estado chileno.
Como corolario, pomposamente la ficalía presentó una acusación que va desde los 40 a 103 años de cárcel contra cada uno de los comuneros, por una serie de delitos tanto en la justicia civil como en la militar, que dicen relación principalmente con la "asociación ilícita para el terrorismo y para el robo de madera", todo bajo la Ley Antiterrorista.
Pero hoy, con la resolución de la Corte de Apelaciones, queda claro que la acusación está basada en un montaje de inteligencia insuficiente jurídicamente para ser prueba. Así quedó demostrado por la actitud nerviosa, descontrolada y hasta histérica del fiscal antimapuche Andres Cruz Carrasco.
Este personaje petende hacer carrera al interior de la fiscalía, a costa del dolor y el sufrimiento de decenas de familias mapuche con la detencion injustificada y por periodos extensos de comuneros, que a la luz de los hechos, resultan ser inocentes de las acusaciones. Un personaje tan inescrupuloso y racista como el, deberia estar en la carcel .
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